La compra de vivienda pública de Madrid que hoy vuelve a la agenda judicial
La investigación judicial sobre el entramado del comisario José Manuel Villarejo ha situado bajo el foco a operaciones inmobiliarias relacionadas con el Grupo Avellanar y con Monte Fuji S.L., una sociedad controlada por la familia Iranzo, descendientes de Julio Iranzo Domínguez, uno de los fundadores de Alianza Popular. La causa, instruida en la Audiencia Nacional por el juez Manuel García Castellón (pieza PIT), analiza el destino de 14,7 millones de euros abonados entre 2016 y 2017 a sociedades del entorno de Villarejo por empresarios navieros.
Según la investigación, 7,49 millones de euros (IVA incluido) circularon por las cuentas de CENYT y del despacho Stuart Mckenzie S.L., ambas sociedades de Villarejo, procedentes de facturas pagadas por Ángel Pérez CIA S.L.. A esa cifra se suman 7,2 millones más que transitaron por cuentas de socios del comisario. La Audiencia Nacional trata de determinar si esos fondos, de presunto origen ilícito, fueron posteriormente blanqueados mediante inversiones en negocios legales.
Avellanar y la compra de viviendas públicas de Madrid
Uno de los ejes que analiza la investigación es el papel de vehículos de inversión administrados por José Julio Iranzo Méndez, concretamente Avellanar Inversiones S.L. y Madrid Town Inversiones S.L.. Ambas sociedades adquirieron 34 viviendas municipales procedentes del paquete de 1.860 inmuebles de la Empresa Municipal de la Vivienda de Madrid (EMV) vendidos durante el mandato de Ana Botella. El grueso del lote —1.826 viviendas— fue a parar a fondos vinculados a Blackstone.
La operación no solo está siendo examinada en el Juzgado 38 de Madrid, tras ser reabierta por la Audiencia Provincial, sino que ya fue objeto de una sentencia contundente del Tribunal de Cuentas en diciembre de 2018. El fallo concluyó que la venta de esas 34 viviendas a sociedades del Grupo Avellanar se realizó sin cumplir los procedimientos exigidos y por debajo del precio legal mínimo, incluso por debajo del valor catastral, lo que provocó un perjuicio a las arcas públicas de más de un millón de euros.
Monte Fuji S.L. y la conexión con la familia Iranzo
Otra pieza clave del supuesto circuito financiero es Monte Fuji S.L., un instrumento de inversión inmobiliaria del Grupo Avellanar, propiedad mayoritaria de Julio Iranzo Domínguez (91,25%) y administrada por su hijo José Julio Iranzo Méndez. La sociedad captaba fondos de terceros mediante cuentas en participación, un sistema que permite invertir sin figurar formalmente como accionista.
De acuerdo con la documentación incautada a Villarejo, medio millón de euros del comisario fue canalizado hacia Monte Fuji para participar en un proyecto concreto: la promoción de 122 apartamentos en el complejo Sunset Golf de Estepona. En la misma operación participó su socio Juan Carlos Escribano, también investigado en la causa Tándem, con otra aportación similar.
Un mecanismo habitual en operaciones de blanqueo
Los investigadores subrayan que Villarejo y su entorno no entraron directamente en la promotora inmobiliaria, sino que lo hicieron mediante cuentas en participación, una fórmula que, según los expertos, es frecuente en esquemas de blanqueo. Este tipo de contratos permiten ocultar la identidad real del inversor, no atribuyen responsabilidades mercantiles y sitúan al gestor como único titular legal del negocio, pese a que el “cuenta-partícipe” participa de facto en los beneficios.
La Audiencia Nacional trata ahora de esclarecer si estas inversiones —especialmente las vinculadas a Avellanar y a Monte Fuji S.L.— formaron parte de un circuito destinado a lavar dinero procedente de los servicios presuntamente ilícitos prestados por el entramado de Villarejo. Un análisis que vuelve a situar a operaciones inmobiliarias controvertidas y a viejos apellidos del poder político y económico en el centro de una de las mayores causas de corrupción de los últimos años.
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